Por la
Mtra. Angélica Garnica Sosa
El objetivo de esta presentación es reflexionar
sobre los retos para definir el rumbo de las políticas de prevención
en México considerando tres aspectos fundamentales:
1) la transversalidad de las políticas sociales y de
prevención;
2) los modelos de participación ciudadana; y
3) el uso de tecnologías para el análisis de
prevención.
Sobre el primer punto, parece ocioso
y excesivamente obvio, pero no lo es, precisar que la violencia y la delincuencia
son fenómenos multi causales, y para operar políticas públicas en esas materias
y comprender la misión del gobierno
se deben concebir en la misma dimensión de complejidad.
Entonces
les diré, lo que ya todos saben:
El origen de la violencia y la delincuencia es un problema de desarrollo
que implica combatir la pobreza, la desigualdad y lograr un desarrollo sostenible
a nivel económico, social, territorial y político.
Ese es el principio que debe guiar las políticas de prevención.
Esa es la base de la orientación de las políticas públicas transversales, de
largo alcance y que con tanta lentitud se han instalado en México. Aunque
diferencia de otros tiempos, ahora, por lo menos, los diferentes niveles de
gobierno y los titulares sectoriales, son “sensibles” sobre la importancia y la urgente
necesidad de hacer concurrir las acciones de desarrollo social, económico y seguridad
pública.
Así que haré un breve y sencillo balance que permita
aterrizar algunas propuestas:
Fortalezas u Oportunidades para
la Prevención Social de la Violencia
1. En el 2016, se mantienen la tendencia internacional
de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos para
apoyar, fortalecer y nutrir las experiencias de seguridad ciudadana, prevención
y cohesión social para atender los fenómenos de violencia y delincuencia.
2. El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), en su Eje Estratégico, México en Paz, marca como directriz
básica “Mejorar las condiciones de Seguridad Pública” para lo que dispone seis
ejes rectores:
1º Coordinar la estrategia nacional para
reducir los índices de violencia, haciendo énfasis
en la atención de los factores de riesgo y la participación ciudadana.
2º Crear y desarrollar
instrumentos para la prevención y detección de delitos.
3º Dar seguimiento a
mecanismos de prevención y detección de delitos.
4º Garantizar mayor
seguridad y justicia para los pueblos indígenas.
5º Llevar a cabo una campaña
en materia de prevención del delito y combate a la inseguridad, así como para
adicciones.
6º Dar seguimiento y evaluar las acciones de la Comisión
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
3. Además contamos con un Programa Nacional de
Prevención para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
(2014-2018)
que establece las bases metodológicas, los objetivos, metas, estrategias y
líneas de acción para atender los principales problemas y preocupaciones de los
mexicanos: pobreza, desempleo e inseguridad. Eso, por lo menos, en papel, porque
hay que revisar el cumplimiento de las metas y el monto de los recursos
públicos ejercidos. A dos años de su arranque, es buen momento para evaluar y
mejorar dicho Programa.
4. Desde el 2013 se creó la Comisión Intersecretarial
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y durante los
últimos 3 años se han instalado sus respectivas versiones a nivel estatal y municipal. Es
decir, contamos con una capacidad institucional para la atención transversal de
la violencia y la delincuencia. Y sobre este tema, hay que revisar el impacto y
trascendencia de la Comisión, en particular para evaluar los avances en la
materia, pero sobre todo para la analizar:
a) la consistencia;
b) complementariedad de las acciones sectoriales;
c) la aplicación de los recursos presupuestales en
los tres niveles de gobierno y a nivel SECTORIAL.
El decreto de su creación no erró en sus
aspiraciones, pero vale la pena analizar con mucha precisión el impacto de
estos órganos colegiados intersectoriales en tres líneas
1) Estrategias de Reactivación Económica y Laboral
2) Estrategia de Reducción de Vulnerabilidad Social
3) Estrategia de Atención Integral en Espacios
Públicos
5. En las estructuras de gobierno hay algunos “esfuerzos”
para transitar de políticas de seguridad pública a modelos de seguridad
ciudadana con todo lo que eso implica:
·
hacer
diagnósticos,
·
contar
con policía de proximidad,
·
tener programas
y proyectos de prevención para diferentes grupos de población,
·
realizar
acciones participativas.
Sin embargo son esfuerzos aislados, no es una tendencia
generalizada y estructurada que nos permita reportar a nivel nacional cuánto se
alcanzó y cuánto nos falta.
Debilidades y Amenazas para
Prevención Social de la Violencia
1. Falta de participación ciudadana en el desarrollo,
seguimiento, evaluación y mejora de las acciones de prevención social.
Sin duda, en algunos rincones de este país encontramos
casos exitosos de involucramiento de habitantes de ciertos polígonos de
intervención de proyectos PRONAPRED o rescate de espacios públicos o antes del SUBSEMUN,
ahora FORTASEG, pero no hemos sido capaces ¾y lo digo en plural, porque no sólo es
responsabilidad del gobierno, sino de los académicos, las organizaciones
sociales y los especialistas¾, no hemos sido capaces de identificar y fortalecer líderes
locales que se apropien, socialicen y movilicen
para fortalecer la prevención de la violencia y la delincuencia. Hay casos de
éxito, pero son contados, y, reitero, mi reflexión en este sentido es:
No hemos sido capaces de aprovechar y proyectar el capital social para
transformar el tejido social tan deteriorado a nivel nacional.
2. No se cuenta con un sistema de indicadores para la
evaluación de las políticas nacionales de prevención social de la violencia. El
propio PRONAPRED dispuso indicadores de seguimiento, pero no se tienen datos para
medir el impacto de la inversión pública en materia de prevención social de la
violencia, por ejemplo, en términos de “rescate de espacios públicos”, tres dependencias
han trabajado en las misma línea:
Þ
Secretaría
de Gobernación a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito;
Þ
Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de su Centro
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana;
Þ
Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Las tres han destinado, por lo menos, durante 3
años recursos financieros para construcción, reconstrucción, mejora y
rehabilitación de espacios públicos y las reflexiones son:
·
¿hay
acciones concurrentes? ¿cuál fue la participación de cada dependencia?
·
¿dónde
están los “resultados” más allá de las obras?
·
¿cuál
fue el impacto a nivel de reducción de la violencia o la delincuencia?
·
¿cuánto
se incidió en la transformación del tejido social?
·
¿qué
experiencias se pueden aprovechar para replicarlas en otros ámbitos o, mejor
aún, para convertirla en una directriz en las políticas públicas a nivel
nacional?
Por eso se debe medir el impacto. No es tan relevante
saber cuántos proyectos se hicieron, ni cuánto se gasto, ni cuántos Comités se instalaron,
ni cuántas reuniones se realizaron. Aunque esos datos son relevantes en
términos de transparencia, no para medir eficiencia.
Lo que sí, es necesario saber es el impacto social y la
eficiencia en el gasto. Sin duda, la medición del impacto social de las
acciones gubernamentales es uno de los grandes pendientes en materia de
políticas públicas.
En ese sentido, en la sesión trigésimo novena del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, se instruyó al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública para generar un mecanismo de evaluación
de los recursos federales en materia de seguridad pública otorgados a las
entidades federativas y municipios, el cual se conformará por indicadores
estratégicos y de gestión en tres aspectos:
a) destino: a quién, dónde, cuánto, en qué se gasta.
b) eficiencia del gasto: cuántos beneficiarios, cuánto
nos costaron las acciones por beneficiario (niño, joven, mujer, habitantes, policías,
funcionarios); cuánto nos cuesta en una línea de tiempo (mes, trimestre, años);
qué acciones son cofinanciadas con Estados, Municipios, Organismos Internacionales,
iniciativa privada, entre otros.
c) resultados de su aplicación: cuánto se impactó a
los factores de riesgo, cuánto se redujeron los índices de la violencia o delincuencia (por tipo).
El Secretariado Ejecutivo ya está trabajando en este en
encargo y, en su momento, tendemos oportunidad de revisar y nutrir dichas
propuestas para medir el destino, la eficiencia y los resultados del gasto en
materia de prevención social de la violencia, antes de su presentación en el
Consejo Nacional. Ese será un paso decisivo para llenar ese vacío.
3. Un gran pendiente para el diseño y seguimiento de
las políticas de prevención es el uso de tecnologías de la información que
permita:
a) Identificar factores de riesgo para la generación
de la violencia y la delincuencia, lo que hace posible contar con diagnósticos
actualizados, participativos, integrales y en tiempo real. Porque en el momento
actual, sí hay algo que permite la tecnología, es la construcción de datos
abiertos, accesibles, sencillos y a bajo costo.
b) Tener información georeferenciada a fin de hacer
mapas temáticos que permitan evaluar los procesos de intervención considerando
otras variables y capas de información social, económica y de incidencia
delictiva.
c) Tener reportes en tiempo real de la ejecución de
acciones de proyectos, acciones y aplicación de recursos públicos, aquí por
ejemplo como una fotografía puede dar día, hora y ubicación de una acción, que
son aspectos básicos para la transparencia y fiscalización de los recursos
públicos.
Me da gusto estar aquí con ustedes, y compartir este
momento, porque es AHORA cuando se necesitan acciones, liderazgos y decisiones de
cada uno de nosotros para dar el siguiente paso en las políticas de prevención
en México, para que en verdad el eje rector del Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia sea la PREVENCIÓN, y mejor aún, para que opere
con consistencia, de manera coordinada y con las mejores prácticas de
prevención, retomando experiencias exitosas en México (porque las hay) y
utilizando las tecnologías de la información, que es la gran pieza faltante,
para:
Þ
el
seguimiento (de políticas aplicadas, de programas sociales, de denuncias, de estado
del equipamiento),
Þ
la
evaluación
Þ
las auditorías
ciudadanas a los programas
Þ
la sistematización
de experiencias
Þ
el levantamiento
de información: mapeos, encuestas, reportes…,
Þ
el análisis
a partir de estadísticas (generación de modelos estadísticos),
Þ
tipificación
de violencia, delitos, fenómenos sociales,
Þ
el seguimiento
a los actores sociales de la PREVENCIÓN (tanto de la ciudadanía, como de los
operadores de los programas),
Þ
la generación
de estándares en las políticas aplicadas,
Þ
y construcción
de indicadores e índices.
Todo esto el seguimiento se puede dar mediante plataformas
institucionales, portales de información, redes sociales, aplicaciones tecnológicas
(APP´S), infraestructura de nubes para el procesamiento de la información,
datos abiertos y empleo de técnicas de análisis de BIG DATA (almacenamiento de grandes cantidades de datos
y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de
esos datos), entre otros.
Texto
presentado el 08 de junio de 2016,
en el Seminario permanente "Gobernanza estratégica en las políticas de
prevención”
convocado por Colegio de la Frontera Norte, Secretaría de Gobernación e
Indesol.
